La decisión de subir el pasaje normal, asumida por el transporte urbano, ha destapado una ola de críticas en la población. El representante de los micreros, Segundo Ricalde, anunció el alza del pasaje de Bs 2 a Bs 3 desde el 21 de septiembre. Lo hizo de una manera particular ya que considera que esta subida responde a una «tarifa solidaria, tomando en cuenta que el estudio de costos arrojó otra cifra superior a esa (Bs 3.70)».
Pero, ¿tienen los micreros o los sindicatos del transporte público la potestad para modificar el precio del pasaje?.
El abogado constitucionalista y conocedor de la realidad municipal José Luis Santistevan no tiene dudas. La competencia para establecer la tarifa de pasajes dentro del radio urbano municipal «corresponde en exclusiva a los concejos municipales, conforme a la CPE y a la ley nacional de transporte 165″.
Es decir, la determinación anunciada por Ricalde está al margen de la ley y, de persistir con la idea, «se le puede abrir multas y procesos penales. Podrían perder su permisos de rutas y línea«, advierte el vicepresidente del Concejo Municipal José Antonio Alberti.
Abogado y concejal concuerdan en el proceso que se debe seguir antes de determinar las tarifas. «El procedimiento nace en el ejecutivo municipal», explica Santistevan. «Convoca, por licitación, a una consultoría para realizar unos estudios técnicos que se analizarán en mesas técnicas», complementa Alberti.
Las mesas técnicas proponen las diversas tarifas para el transporte público urbano. En las mismas, además del sector del transporte, representado tanto por micreros y como por los dueños de lso vehículos, se considera la participación de vecinos y estudiantes. Se completa con la presencia de instituciones públicas y privadas.
Alberti destaca la labor de las mesas técnicas en la búsqueda de «una tarifa de equilibrio», que se remitirá al Concejo Municipal para su valoración. Es decir, el Concejo tiene la palabra final para aprobar o rechazar las tarifas acordadas.
El concejal de Comunidad Autonómica cree que la decisión del transporte urbano supone un «ataque en contra del ciudadano de a pie. Es una tarifa muy sensible para la economía de la gente y si incremento es un acto abusivo que incumple la norma», alega.
Recuerda un estudio del JICA sobre la movilidad urbana en la región metropolitana que destaca el uso del transporte público por 7 de cada 10 personas.
Santistevan destaca los «elementos que deben ser considerados de manera integral» para estipular una tarifa de pasajes. Los aspectos que se deben valorar contemplan «el plan integral para la prestación del servicio, la forma de prestación del servicio, las rutas, condiciones de los vehículos, costos de servicio para establecer la tarifa, entre otros factores», enumera el abogado.
Finalmente, ambos coinciden en resaltar la competencia del Gobierno Municipal para regular el transporte público en la ciudad. Actuar al margen de esta regulación dejaría a los micreros fuera de la ley.
